La decisión fue tomada por la jueza Alessandra Cristina Peixoto, quien permitió, por medio de una cautelar, el uso de los campos de entrenamiento, el comedor, el gimnasio, el vestuario y el área administrativa, aunque mantuvo el cierre de los alojamientos para menores.
El cierre del llamado "Ninho do Urubu", como es conocido el complejo de entrenamiento del Flamengo, fue decretado el pasado 27 de febrero por la Alcaldía de Río de Janeiro, después del incendio del día 8 de ese mes que hubo en el dormitorio de las divisiones juveniles y que mató a diez adolescentes e hirió a otros tres.
El Flamengo había sido notificado en repetidas ocasiones porque su instalación no tenía todas las autorizaciones para funcionar, incluyendo la licencia del Cuerpo de Bomberos, pero las advertencias fueron ignoradas.
Sin embargo, la magistrada Peixoto señaló en su auto que el club carioca "cumplió con todas las exigencias" de las autoridades "para la obtención" de los licencias pertinentes para el funcionamiento de las áreas del establecimiento "con actividades de bajo impacto", que, al final, han sido las únicas liberadas.
El Flamengo no informó de una fecha de retorno al "Ninho do Urubu" y hasta el momento continúa programado, en otra sede del club, el entrenamiento del primer equipo para preparar el partido del miércoles contra el LDU Quito, de Ecuador, correspondiente a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
Según las investigaciones preliminares, el incendio se desató a partir de un fallo en un aparato de aire acondicionado en uno de los dormitorios destinados para los canteranos y por la falta de un sistema de alarma.
Según la documentación en manos de la Alcaldía, en el área en que estaban los dormitorios debería funcionar un aparcamiento.
Los dirigentes del Flamengo han negado que el accidente tuviese relación con las irregularidades y garantizado que, de los certificados necesarios, apenas les faltaba el de los bomberos, que venían gestionando.
El departamento jurídico de la entidad ha abierto diferentes procesos negociadores con los familiares de las víctimas mortales para indemnizarles por la tragedia, aunque, hasta el momento, solo ha terminado con éxito uno de ellos.
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