El Superior Tribunal de Justicia Deportiva (STJE) de Brasil también le impuso al club una multa de 75.000 reales (unos 23.437 dólares) y confirmó la decisión de mantener cerrado provisionalmente el estadio Sao Januario, donde se registraron los incidentes.
La sentencia fue dictada tras un juicio de cerca de cuatro horas en la sede del tribunal.
La decisión obliga al Vasco a buscar otro estadio, distante al menos 100 kilómetros de Río de Janeiro, para los próximos seis partidos en que será anfitrión en el torneo.
Los magistrados concluyeron que el Vasco fue en parte responsable de los incidentes por "no prevenir ni reprimir los desórdenes, el intento de invasión a la cancha y el lanzamiento de objetos".
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